El 31 de mayo de 1999, la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, recibió la Demanda del Pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por daños humanos. Esta demanda fue sustentada por la inmensa mayoría del pueblo cubano, representada en sus principales organizaciones de masas y sociales.

Trabajadores  expresaron su rechazo enérgico a la activación del Título III de la ley Helms-Burton, a cuyo amparo fueron presentadas las dos primeras reclamaciones, una de ellas concerniente a esos espacios. Juntaron sus voces para patentizar la voluntad de defender hasta las últimas consecuencias sus sitios de trabajo.